Esta semana he asistido (”infiltrado”) a una asamblea informativa organizada por Adicae para personas en situación financiera grave. Para mí este tipo de eventos son una oportunidad única de aprender desde un ángulo poco frecuente, y que sin embargo es el más importante: la dimensión humana de los problemas financieros.

Un grupo de personas contó sus dramas financieros y personales. Parece mentira como en ocasiones a la gente se le junta todo. Había gente que se estaba quedando sin casa porque no pagaban la hipoteca debido a que se les juntaban el paro, la enfermedad de la mujer, un hijo que se escapa y deja de pagar su mitad de la letra…

Me gustó que la gente hablase, aún con lágrimas en lo ojos. Me gustó que aquello fuesa una especie de terapia de grupo ad hoc. Me gustó que la gente verbalizase su situación, que encontrasen otras personas en la misma situación, y una asociación que está dispuesta a echarles una mano (al menos es lo que me pareció). El primer paso para resolver un problema de este tipo es -en mi opinión- ser consciente de la situación real, y tomar las decisiones -dolorosas- oportunas para atajarlo lo antes posible.

Adicae -en general- me gustó. Sin embargo, se nota que el que daba la charla no era un especialista en sistemas bancarios y financieros. Entre las 8-10 medidas que comentó que iban a proponer al gobierno había 2 que realmente chirriaban por su insensatez:

1. Hacer que el gobierno obligue a los bancos y cajas a alargar el plazo de las hipotecas de las personas que lo soliciten. Hombre, “obligar” es un término muy duro. Que el gobierno subvencione o incentive el citado alargamiento me podría (no siempre) parecer razonable, pero hacerlo por decreto “tipo estalinista/chavista” no es razonable. Una hipoteca no deja de ser un contrato privado firmado entre 2 partes; obligar a una de las partes a cumplir algo más de lo pactado libremente me parece una violación del derecho privado propia del comunismo o de los regímenes populistas latinoamericanos. No hay excepciones que valgan a la hora de defender los derechos que garantizan nuestro buen funcionamiento como sociedad, y el derecho de “seguridad jurídica” entre las partes es uno de ellos.
2. Establecer un diferencial máximo de “+ 0.6%” por ley en cualquier hipoteca suscrita en España. No me quedó claro si pretendían que la medida tuviera “efectos retroactivos” (en cuyo caso sería ya el colmo), en cualquier caso, esta es otra medida contraproducente para la sociedad por varias razones. La primera y principal es que establecer precios máximos o mínimos tiene efectos negativos en el funcionamiento de cualquier mercado, y en este también. El diferencial de un producto financiero se fija en función del riesgo de una operación/persona: si hay riesgo alto se cobra más porque hay mayor probabilidad de perder dinero por impago, y viceversa. Si fijamos un límite de Euribor+0.6% por ley, los bancos y cajas -lógicamente- dejarían de prestar dinero a las personas con perfiles de riesgo mayores, entre los que están las personas que se encontraban en la sala, que no refinanciarían su deuda NUNCA. Que contracicción ¿verdad? La medida que supuestamente defiende a los que estaban allí presentes en realidad les perjudica gravemente. Pero hay más…. teniendo en cuenta que el diferencial medio de los préstamos hipotecarios existentes en España era de +0.75% hace unos años (lo siento no dispongo de datos actualizados), sería de preveer que la medida sacaría del sistema financiero a un 60-70% de los ciudadanos. y sigue habiendo más…. los ciudadanos que no pueden acudir al sistema financiero recurren al “capital privado”, que es una manera eufemística de llamar a los préstamistas de toda la vida: gente que cobra tasas de interés estratosféricas, que no aporta información financiera a sus clientes (Ni TAE ni nada parecido) y que en ocasiones tiene unos métodos de recobro que entran dentro de la esfera de la integridad física del deudor. El “capital privado” es un fenómeno en auge en España. un ejemplo: hay sitios web que tienen desde hace meses una campaña de Google Adwords y aparecen frecuentemente en www.elpais.com y otros medios “serios”.

CONCLUSIÓN: Lo que necesita el mercado son más hipotecas a diferenciales de +2%, +3% etc (yo he visto hasta +5%) porque son hipotecas que permiten refinanciar situaciones muy difíciles, incorporando en el precio el factor riesgo y por tanto haciéndolas rentables para las entidades finacieras, que así abrirían “el grifo financiero” de nuevo a estas familias. Sin embargo esta medida debería ir acompañada de medidas de fomento de la competitividad entre entidades financieras (para que el diferencial se justifique por el riesgo mayor, no por el abuso de una situación de monopolio) y de un asesoramiento de calidad a estas familias, que lo necesitan más que ninguna otra.

De las demás medidas no tengo queja! Pero creo que es importante denunciar medidas populistas que no llevan a ningún lado, o que podrían llevar al mismo sitio que otras medidas que respetasen ciertos derechos democráticos y de libertad que han sido adquiridos durante el siglo XX. Es posible que durante un rato estas 2 medidas hagan sentir un poco mejor a los pobres hipotecados, pero son ganas de crear falsas expectativas: ningún gobierno medianamente razonable las aprobarían jamás. Quizás Hugo Chávez, pero ni Zapatero ni Rajoy -creo yo- se atreverían a contravenir las libertades privadas y de empresa de esa manera.

PD: Si has leído este blog durante cierto tiempo sabrás que soy un defensor de la regulación comedida en los sistemas financieros. Soy consciente de que los sistemas financieros presentan importantes fallos de mercado que han de ser corregidos. Sin embargo creo que la mejor manera de corregir esos fallos de mercado es actuando sobre la información entre las partes, y sobre los derechos de las partes, y no estableciendo medidas correctoras “a huevo” que no hacen más que establecer un segundo fallo de mercado sobre el ya existente.

Por ejemplo, una medida que “me encanta” es el que se haya establecido por ley que ua persona puede rescindir una hipoteca dentro del plazo de 15 días tras haberla suscrito, sin incurrir en gastos financieros. Esa medida me parece correcta porque desincentiva a las entidades financieras a “colar” condiciones abusivas el día de la firma, cuando ya es tarde para reaccionar. Ahora el usuario puede firmar y si a posteriori descubre que le han engañado, puede deshacer el abuso sin penalización.